ALUR pagó un «complemento» y no «donaciones», según acuerdo
El documento de Alcoholes del Uruguay (ALUR) donde fueron acordados los pagos–sin hacer aportes a la seguridad social – a los cortadores de caña de azúcar de Bella Unión y otros trabajadores, establece que ese dinero es «un complemento» del salario y no una «donación», como afirmó el senador del Frente Amplio, Leonardo De León, quien ocupó varios cargos en esa empresa subsidiaria de ANCAP.
Ese texto firmado entre ALUR y la Asociación de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), al que accedió El Observador, afirma que la empresa pagará a los trabajadores un monto en pesos uruguayos en virtud de cada tonelada de caña cortada.
El texto fechado en «Colonia España a los 28 días del mes de agosto de 2008», lleva la firma de Leonardo De León, quien en ese momento era coordinador, después fue presidente de ALUR y hoy senador de la Lista 711.
Esos documentos fueron validándose por otros en años posteriores y el último data de 2014 con fecha de vencimiento en diciembre de 2016.
Los beneficiarios de ese dinero son 1.585 cortadores de caña de azúcar, más otros 1.000 trabajadores entre los que se cuentan maquinistas, tractoristas, rejuntadores de caña y graperos que son los que cargan los camiones. Esta semana ALUR reconoció en un comunicado el pago «a 1.500 cortadores de caña» –no menciona a los demás trabajadores que la UTAA asegura que cobran– por un promedio de
$ 7.500 a cada uno.
Convenio
El convenio, firmado en 2008 por De León en representación de ALUR y Jorge Rodas y Juan Santana como presidente y secretario de UTAA, incluye también como beneficiarios a los «operarios que trabajan con los grapos, es decir el grapero y los rejuntadores de caña», según consta en el documento. Esos trabajadores recibieron un pago menor a los cortadores de caña.
Luego que el martes pasado El Observador hizo pública la existencia de esos pagos extendidos a lo largo de una década, el senador De León, afirmó en radio Carve que fueron «una donación», y por ese motivo no se hicieron los aportes a la seguridad social.
Sin embargo, en el texto oficial con su firma, no se habla ni de gratificación, ni de donación.
Tampoco en los balances de los últimos años de ALUR aparece el rubro donación, pero el dinero girado a Artigas puede estar en los balances bajo otra denominación.
La importancia de determinar bajo qué forma jurídica se pagó a los trabajadores, tendrá incidencia en la decisión que deberá tomar el Banco de Previsión Social respecto a si corresponde que por ese dinero se hicieran aportes y a partir de cuándo, o si esos envíos están exonerados.
Jerarcas de ALUR comentaron a El Observador que tienen el convencimiento que por el dinero entregado a los cortadores de caña de azúcar se debió haber hecho aportes a la seguridad social.
Esa pregunta –si deben pagar o no– se la hicieron formalmente esta semana al BPS quien derivó el estudio del caso a la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATyR) que se tomará unos días antes de dar su opinión técnica.
Desde el BPS se explicó que una donación anual no debe pagar aportes hasta el tercer año. A partir del cuarto año, esas partidas están gravadas. ALUR las pagó durante diez años, por lo que aunque sea debieron pagar por al menos seis años.
El decreto 113/996 que reglamentó la Ley 16.713 sobre la seguridad social, estableció claramente que las contribuciones que deben pagar al BPS son «todo ingreso que (se pague) en forma regular y permanente sea en dinero o en especie». Por ello, explicó un economista, a partir de la cuarta «donación» se debe pagar a la seguridad social.
El abogado laboralista Leonardo Slinger, dijo a El Observador esta semana que el dinero lo recibían trabajadores que no eran contratados por ALUR y por tanto no es claro que aplique la figura de defraudación tributaria.
«Se parece más al pago de una propina que la paga un tercero aunque también paga aportes», explicó. Slinger opinó que la situación planteada «es vidriosa» y dijo que al haberse pagado ese dinero durante tantos años, se vuelve «un derecho adquirido» para los trabajadores.
La empresa, en un comunicado que emitió luego que El Observador informó de los pagos, reconoció que «en el año 2007 ALUR tomó la decisión de pagar dicha partida a los cortadores contratados por la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo con el fin de fortalecer e incentivar la productividad de un sector vulnerable del país, cuyo ingreso anualizado promedio mensual es de $ 10.000».
El encabezada del texto dice: ALUR promueve regularizar la situación de cortadores de caña de azúcar.
Las autoridades están a la espera de una respuesta del BPS.
Para la oposición hay irregularidades
Para la oposición política, no hay dudas que los pagos de ALUR durante una década a trabajadores de Bella Unión constituyen una nueva irregularidad, y por eso adjuntarán la información sobre esos desembolsos a la denuncia que habían presentado en abril de 2016 a la Justicia Especializada en Crimen Organizado que investiga la gestión de ANCAP.
El senador Alvaro Delgado (Partido Nacional) informó a El Observador que se coordinará para que esta nueva denuncia sea presentada por todos los partidos de la oposición.
Fuente: El Observador