La ministra Marina Arismendi «debe dejar de abusar de discursos sensibleros y empezar a rendir cuentas», dijo el diputado Martín Lema, que realizó un pedido de informes.
El 30 de enero de 2014 se celebró un convenio entre el MIDES y el INAU a los efectos de «promover y garantizar la atención de calidad a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 4 años, en centros CAIF, Centros de Atención a la Primera Infancia de INAU o de educación infantil autorizados por el MEC, sean estos públicos o privados».
Por resolución de la ministra de Desarrollo Social se resolvió autorizar previa intervención del Tribunal de Cuentas el gasto de hasta $ 50.851.165, a efectos de la contratación de instituciones que brinden servicios de cuidados y educación infantil a niños y niñas menores de tres años de familias beneficiarias de los programas prioritarios y otros programas sociales del MIDES en las zonas donde no se encuentren cupos disponibles en centros públicos. Se realizaron entonces 70 convenios con centros de cuidados de la primera infancia.
El Tribunal de Cuentas consideró que para realizar estas 70 contrataciones con distintas personas jurídicas de derecho privado el trámite debía hacerse a través del procedimiento de licitación pública.
El organismo acordó observar el gasto derivado de la contratación directa de las 70 instituciones (a efectos de brindar servicios de cuidados y educación infantil), «en virtud que las mismas contaban con principio de ejecución, contraviniendo lo dispuesto por el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República, al tiempo que no se adecuaron a las causales de compra directa por excepción» (es decir, se hicieron sin intervención preventiva).
Recuerda que la ministra de Desarrollo Social, en julio del 2016, resolvió reiterar el gasto «en virtud de la necesidad de contar con el servicio».
El organismo consideró que si se reitera el gasto se debe hacer en forma fundada, «detallando los motivos que a su juicio justifican seguir el curso del gasto o pago». Agregó que «los motivos alegados para proceder a la reiteración refieren a la conveniencia y no a la legalidad del gasto, por lo que no logran modificar los fundamentos expuestos por este Tribunal en su Resolución de fecha 29 de junio de 2016», según el documento al que accedió Montevideo Portal.
En virtud de lo expresado, el Tribunal de Cuentas acordó mantener la observación formulada, dar cuenta a la Asamblea General y comunicar a la Administración actuante.
A raíz de estas observaciones, el diputado Martin Lema resolvió presentar un pedido de informes. El legislador recordó que se realizaron en forma directa 70 contrataciones con distintas personas jurídicas de derecho privado por un monto total superior a la compra directa, por lo cual debía aplicarse el procedimiento de Licitación Pública.
En consecuencia solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que «explique las razones por las cuales se utiliza el procedimiento de contratación directa, cuando el procedimiento que corresponde es Licitación Pública».
A su vez, pidió que «indique los motivos por los cuales ese Ministerio ejecuta gastos sin la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en contravención con el Artículo 211 de la Constitución», y que «detalle las 70 Instituciones contratadas y monto abonado a cada una, discriminando por año de vigencia de los contratos».
Por último, pidió que se informe la cantidad de beneficiarios de los programas sociales del MIDES destinatarios de estos convenios, discriminados por Departamento.
Lema dijo a Montevideo Portal que la ministra Arismendi «debe dejar de abusar de discursos sensibleros y empezar a rendir cuentas».
Fuente: Montevideo Portal