Pedido de Informes del Diputado Lema: El Hospital de Young pagó US$ 200 mil a firma que no tenía permisos
El Hospital de Young, que depende de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), contrató servicios de traslados en ambulancias especializadas por $ 5.932.740 (US$ 204.577) a una empresa que no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP). La misma firma ya había sido contratada en 2015 por el Hospital de Mercedes sin contar con la habilitación para prestar el servicio.
El contrato de la empresa Vicent Traslados tiene vigencia por un año y vence el 31 de marzo. En un pedido de informe a ASSE realizado por el diputado nacionalista Martín Lema al que accedió El Observador se especifica que la firma en cuestión no figuraba como emergenciahabilitada o en trámite de habilitación en el listado proporcionado por el MSP al momento que se hizo el llamado público.
La dirección del Hospital de Young dio a conocer la adjudicación el 20 de diciembre de 2016. Vicent Traslados compitió con la empresas De León Galinia Inés Valeria y con EMI Ltda y fue la única en cumplir con «la totalidad de los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones».
Los más de US$ 200 mil que contrató el Hospital de Young con la firma de su director, Juan Pablo Apollonia, equivalen hasta seis traslados dentro de la ciudad y hasta 49.500 kilómetros de traslados entre dos o más localidades.
No es la primera vez que la empresa Vicent Traslados había sido contratada de forma irregular. En una carta del 27 de julio de 2015 dirigida al ministro de Salud, Jorge Basso, la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay (Ceamex) denunció la compra de forma directa e «irregular» de servicios de traslado por parte del Hospital de Mercedes.
«Esta contratación es contraria a las disposiciones vigentes en materia regulatoria, dado que Vicent Traslados SRL no cuenta con las habilitaciones correspondientes que exige el Ministerio de Salud Pública a efectos de brindar cobertura de emergencia médica mediante unidades móviles terrestres», afirmaba en aquel momento la Cámara de Emergencias.
«Esto no solo constituye una irregularidad administrativa grave, sin que también pone en riesgo a los usuarios», advertía la cámara al ministro.
La Cámara de Emergencias también presentó su denuncia ante la Comisión de Salud de Diputados en la que solicitaba que en el futuro no se realizaran contrataciones a empresas que no cuentan con la habilitación correspondiente.
En función de esta situación, Lema pidió un informe sobre la denuncia efectuada en 2015 así como las medidas adoptadas por el directorio de ASSE, la consulta de si había conocimiento por parte del directorio de ASSE de la adjudicación realizada por el Hospital de Young y el detalle de los controles que se realizan para asegurar que los usuarios no correrán riesgos al ser asistidos con una empresa que no cuenta con la habilitación del MSP.
El diputado también solicitó datos sobre el número de ambulancias con que cuenta el centro auxiliar de Young, los kilómetros y/o viajes realizados por las empresas contratadas para traslados especializados por parte de ese centro de salud y los viajes y/o kilómetros realizados por ambulancias propias del hospital.
Una irregularidad que se reitera en la gestión
Vicent Traslados es apenas otro caso de una empresa contratada por un hospital de ASSE para brindar un servicio para el cual no cuentan con habilitación ministerial. La empresa de ambulancias Siemm SRL ,que fue contratada por el Hospital de Bella Unión en 2013, tampoco estaba en condiciones para ganar una licitación.
Así lo reconoció la presidenta del Directorio de ASSE, Susana Muñiz, en la comisión investigadora parlamentaria que analiza presuntas irregularidades en la gestión del organismo desde el 2008 hasta la fecha.
Los titulares de la empresa Siemm eran todos directores de hospitales: Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, ambos del Pereira Rossell, y Marcos García, del centro de salud de Salto.
Los tres responsables de las empresa comparecieron el año pasado ante la comisión parlamentaria donde admitieron como «posible» que médicos de la empresa recetaran medicamentos para retirar en el centro público, pero expresaron que ello no sería responsabilidad de la compañía.
Fuente: El Observador