Pese al reclamo del Diputado Lema Contaduría ratificó a diputados que no les dará acceso a información sobre contrataciones
A raíz de la respuesta negativa de la Contaduría General de la Nación (CGN) que por segunda vez informó que no volverá a habilitar a los diputados la clave del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con el que accedían a información privada sobre contrataciones estatales, el diputado Martín Lema (Partido Nacional) remitió un escrito en el que responde al área de jurídica de la CGN y elaboró un listado en el que detalla qué información le proporcionaba la clave que ahora le niegan.
El diputado destacó en primer lugar que accedía a datos de proveedores para empresas estatales, con fecha de vencimiento de certificados del Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), responsables, socios y personas autorizadas. También asegura que sin la clave no puede acceder a datos sobre las facturas pagadas a un proveedor, –tanto el histórico como el año en curso– con la especificación del rubro del gasto, monto y año al que corresponde, así como información histórica de contrataciones realizadas a un proveedor.
Hasta fines de diciembre del año pasado, los legisladores tenían dos usuarios del SIIF, una que es libre para cualquier ciudadano y otra denominada de “consultas y reportes privilegiados” con información más detallada. A través de esa clave, por ejemplo, Lema pudo ver las contrataciones de una empresa de ambulancias por el hospital de Bella Unión lo que terminó con el procesamiento del exdirector del centro de salud, Marcos García, por ser también socio de la firma de traslado de pacientes Siemm.
En el escrito, el diputado afirmó que el acceso a esa información es “un derecho” que les fue quitado a los legisladores y que esa decisión interfiere con su trabajo. “Supone una negación a los trabajosos avances de la academia, los Tribunales y el Derechos Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho de acceso a la información pública”, dijo. En un documento de la asesoría jurídica de la CGN enviado al legislador el 11 de julio, el organismo entiende que el haber brindado esa clave a los legisladores no implica un “derecho adquirido” ni impide “tomar todas las medidas necesarias para procurar un mejor funcionamiento y velar por la información de los usuarios cuyos datos se encuentran contenidos en sus bases de datos”.
“El diputado Lema esgrime una lesión o agravio a su derecho que, en todo caso es un interés simple”, advirtió la CGN.
El órgano, en tanto, asegura que la decisión se debe a nuevas medidas de seguridad y protección de datos.
El diputado afirma que mecanismos de control como pedidos de informes no sustituyen la información que otorgaba la clave privilegiada del SIIF porque son menos “ágiles”. En tanto, considera que “la consulta a través de las informaciones publicas de ejecuciones presupuestales permiten acceder a datos por año, por Inciso, por Unidad Ejecutora y por objeto del gasto por montos globales de ejecución, sin posibilidad de consultar a quien se contrata y los montos”.
El 20 de mayo la CGN respondió a una nota enviada por Lema el 9 de abril en la que el organismo argumenta que la decisión de quitarle la posibilidad a los legisladores de acceder a determinada información responde a cuestiones de “ciberseguridad”.
“La seguridad de la información es una tarea permanente, que exige un proceso de mejora continua y sistematizada, buscando minimizar la exposición y determinar posibles puntos que puedan comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información”, indica la carta firmada por Laura Tabárez, contadora general.
Hace poco más de dos meses, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), expresó “su preocupación por la decisión”. “El SIIF permite acceder a los organismos de contralor a información privada sobre contrataciones, esto es quién figura como representante de una empresa en el sistema, qué pagos y qué gastos ha realizado, entre otras cosas”, detalló en el comunicado en el que cuestionó la medida.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una ‘sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones’”, recordó en ese comunicado.
Si bien la CGN se puso a disposición de los legisladores para cualquier información que necesitaran, Lema insiste con que nada suple la celeridad y precisión de la información que daba el tener ese usuario. Además, asegura que la información de acceso público que se encuentra en boletines presupuestales o información financiera libre “no está actualizada”.
Fuente: El Observador