Senador Lacalle Pou: «El gobierno le encarece la vida económica y productiva a los uruguayos, pero se la abarata a UPM»
La ministra de Industria aseguró que se trata de un proyecto «completamente alineado» al desarrollo productivo sostenible del país.
«El proyecto está completamente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible del país».
Así lo aseguró este martes la ministra de Industria, Carolina Cosse, en el marco de su exposición en el Senado sobre el cuestionado acuerdo firmado entre el gobierno y UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay.
La jerarca, que comparece junto a otros cuatro colegas en régimen de comisión general, optó en su intervención por realizar una firme defensa de lo actuado por el gobierno para intentar lograr la instalación del emprendimiento.
Cosse destacó el «impacto favorable» que se espera tenga la probable instalación de la pastera en una región que registra los peores índices de pobreza, empleo e ingresos de los hogares de todo el territorio nacional.
En ese marco sostuvo que el crecimiento estimado del PBI para la zona de influencia del potencial emprendimiento es de entre 10% y 15%, generando más de 4.000 empleos directos en Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
«Serán puestos de trabajo de calidad y requerirán de capacitación permanente, lo que se reflejará en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio», aseguró.
Además, la ministra mencionó otros 4.000 puestos laborales indirectos a partir de la instalación de la planta.
El proceso supondrá, dijo, la migración de unas 10 mil personas a las cercanías del emprendimiento.
En términos globales destacó que, de concretarse, transformaría a Uruguay en el principal receptor de inversiones de UPM a nivel mundial, además de suponer la mayor inversión privada en la historia del país, incrementando en forma permanente el PBI nacional en dos puntos porcentuales.
Cosse se detuvo en particular en uno de los aspectos más cuestionados del acuerdo, como es el energético. Este consiste en que UTE le comprará a UPM su excedente de energía eléctrica, por 20 años, a un precio de US$ 72,50 el megawatt/hora, hasta un máximo de 1 terawatt anual. La ministra aseguró que se trata de un valor inferior al promedio al que venden los generadores privados y al precio promedio de la biomasa a nivel local y regional.
«También es inferior al precio que representaría un sobrecosto cero en el costo de abastecimiento de la demanda de UTE», aseguró.
Según la versión de la ministra, UPM realizará, a su propio costo, la línea de conexión de 150 kilovoltios desde la planta de pasta de celulosa hasta la Represa de Rincón del Bonete y la subestación asociada.
La empresa, dijo, aportaría a UTE más de US$ 2 millones anuales por un período de cinco años, destinados a cofinanciar obras de infraestructura eléctrica generales.
Cosse dedicó un breve pasaje a despejar las dudas que el proyecto genera en el aspecto tributario.
En ese sentido dijo que, «en el escenario más probable», UPM pagará durante las primeras décadas unos US$ 7 millones, una cifra que representa diez veces el canon que abonan hoy las zonas francas vinculadas a la producción de pasta de celulosa.
En ese marco afirmó que la multinacional dará apoyo técnico y financiero, del orden de los US$ 10,5 millones, con el objetivo de «mejorar» la calidad del agua del río Negro.
También destacó el acuerdo para la creación de dos centros tecnológicos a ubicarse en la zona de influencia de la planta. Uno estará destinado a la industria forestal y maderera y otro a la bioeconomía. El objetivo, dijo, es buscar el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación en forma conjunta entre la empresa y las instituciones públicas uruguayas y finlandesas.
Será por US$ 1,5 millones anuales en un lapso de 23 años.
“El proyecto tiene el potencial para el desarrollo de un conglomerado de la madera en el noreste del país. UPM es una empresa orientada a la innovación, a partir de sus actividades de investigación y desarrollo, por lo que puede servir como tractor de la innovación en Uruguay”, sostuvo.
En ese plan se enmarca la cooperación para desarrollar el título de Tecnólogo de Control de Procesos, carrera que será ofrecida por la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), a partir de un aporte de US$ 1,5 millones a partes iguales entre Estado y empresa.
Con respecto al proyecto portuario vinculado a la planta, la ministra dijo que UPM presentará una iniciativa privada, que supondría una inversión de US$ 200 millones.
Cosse remarcó en ese sentido que el proyecto del Ferrocarril Central, para el cual el Poder Ejecutivo presentará este lunes los pliegos del llamado a licitación, será llevado adelante en forma independiente a la puesta en marcha de la inversión.
Luego de su exposición, los ministros y la bancada del Frente Amplio solicitaron dos cuartos intermedios para «organizar» las respuestas que deberán elevar a las 67 preguntas efectuadas por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.
¿Ustedes la firmarían?
«Me encantaría que las contesten», había expresado momentos antes el legislador al desgranar el prolongoado interrogatorio, adelantando su rechazo al procedimiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo.
Lo más trágico es que el país deberá hacer todo, y recién después la empresa irá a analizar si se instala o no», dijo. «¿Alguno de ustedes, en su vida personal, firmaría algo como esto? Estoy seguro que no».
Lacalle Pou optó por comenzar recordando el camino recorrido por los diferentes grupos políticos en torno a las inversiones forestales. «Es bueno recordar de qué lado del mostrador ha estado cada uno» expresó, celebrando que hoy el sistema esté alineado en relación al apoyo a este tipo de emprendimientos.
«Se terminaron aquellos discursos. Claro, algunos tuvieron que pasar por la administración. Cambiaron y olvidaron rápidamente aquel relato histórico», afirmó.
El senador nacionalista cuestionó el «secretismo» con que el gobierno negoció el tema con la empresa, pero admitió que se trató de algo comprensible. «No podría haber firmado nada si el sistema político hubiera conocido antes el contrato», afirmó.
Lacalle Pou señaló que, en dichas negociaciones, UPM defendió lógicamente sus intereses. «Me gustaría saber quién defendió a los uruguayos», se preguntó. «Entregaron todo y un poco más» dijo, en referencia a los beneficios que la multinacional recibiría a cambio de realizar la inversión.
En ese marco sostuvo que a los empresarios nacionales «les habría encantado» recibir todo lo que el gobierno le dio a la pastera para tratar de ganarse su visto bueno.
«El gobierno le encarece la vida económica y productiva a los uruguayos, pero se la abarata a UPM», dijo. «Si hay algo positivo en este proceso, es que vino a confirmar lo díficil que es emprender en este país».
Lacalle Pou llamó lo atención sobre los compromisos que asume el Poder Ejecutivo en el contrato firmado con la empresa, sobre todo en materia de infraestructura.
Es que el gobierno admitió que deberá invertir US$ 1000 millones en obras, principalmente rutas y ferrocarriles, para que UPM defina la instalación de su segunda planta en Uruguay.
El senador nacionalista llamó la atención que, mientras asume este compromiso, esta administración no pudo obtener, en 2015, US$ 640 millones para un paquete de seis proyectos viales definidos al comienzo de esta gestión.
«No parece posible que pueda cumplir con las dos cosas», objetó. «Parece que optará por dejar de lado las necesidades de los uruguayos», sostuvo.
También reparó acerca del compromiso , por parte del gobierno, de comprar todos los excedentes de energía que la eventual nueva planta genera a lo largo de los primeros 20 años a un precio prestablecido. «No parece lógico, mientras el país tiene excedentes pero no logra bajar el precio de la energía», remarcó.
Lacalle Pou habló de la «liviandad» del presidente Tabaré Vázquez al manejar las cifras que representarían una inversión como la de UPM. En ese sentido recordó que, el año pasado, el mandatario afirmó que supondría unos US$ 4.000 millones. «Después, de un plumazo, la inversión pasó a ser de US$ 2.000 millones dijo.
En ese marco sostuvo que es necesario saber si existe una ecuación económica concreta sobre este negocio. En especial, conocer cuál será la renuncia fiscal que asumirá el Estado y cuál sería el «costo-beneficio» para el país en este proceso.
Momentos antes de presentarles el extenso cuestionario a los ministros, Lacalle Pou dejó en claro su oposición al contrato difundido por el gobierno.
En ese sentido y, antes de concluir su intervención, adelantó su postura. «Este acuerdo, en estas condiciones, no me representa», afirmó. «Yo no le pongo la firma. El gobierno falló en la representación de los uruguayos».
Fuente: Ecos Uruguay