«El Partido Nacional evalúa hacer denuncia ante la Justicia. Investigamos hasta donde el FA nos dejó» dijo el Edil Diego Rodriguez

Pese a que la semana pasada el Frente Amplio apoyó con sus votos convocar al intendente Daniel Martínez a la comisión investigadora creada para evaluar la polémica compra de un inmueble destinado al Laboratorio de Regulación Alimentaria de la IMM, el oficialismo cambió ayer su posición y votó ahora en contra de la comparecencia.  

Posteriormente, la bancada de ediles del Partido Nacional emitió un comunicado señalando que «el proceder de los representantes del FA en la Comisión Investigadora no ha sido el correcto, cercenando las funciones de contralor y por ende la potestad de cuestionar, investigar y citar a personas involucradas en el proceso».

«Se nos ha quitado la posibilidad de llevarle transparencia a los montevideanos, negándonos la solicitud de invitar a comisión al intendente Daniel Martínez y a los funcionarios de carrera de la comuna que participaron del proceso licitatorio».

El Partido Nacional evalúa ahora la posibilidad de hacer una denuncia penal con todos los antecedentes, según se informó a El País.

Argumentos.

Antes de rever la votación, el FA solicitó un informe a la asesoría letrada de la Junta. El documento, en poder de El País, aclara que la comparecencia del intendente «no es obligatoria». Pero no se pronuncia respecto a si es posible votar en contra de lo que antes se apoyó a mano alzada.

También aclara que el intendente se podía hacer representar por uno de sus directores de confianza.

En tanto, la presidenta de la Junta, Adriana Barros (Frente Amplio) dijo que «convocar al intendente a una comisión es lo mismo, por analogía, que convocar al presidente de la República a comisiones parlamentarias de las cámaras de Representantes o Senadores».

También desde el oficialismo, la edila Inés Coll se pronunció respecto al cambio de voto: «La propuesta que votamos en la sesión anterior, o en la otra, no lo recuerdo, para nosotros es absolutamente inválida, no tiene ningún valor, más allá de que haya sido votada, porque no se ajusta a Derecho y, por tanto, hay que reverla».

Fuente: El País